TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE ABOGADO-A ESPECIALISTA EN TEMAS AGRARIOS PARA EL PROYECTO MILPA: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y MEJORA DE MEDIOS DE VIDA DE MUJERES JÓVENES, CAMPESINAS E INDÍGENAS EN HONDURAS – ASOCIACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS HONDUREÑOS (ANACH)
ACERCA DE LAS ORGANIZACIONES IMPLEMENTADORAS
CONSEJO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER CAMPESINA (CODIMCA)
Es una organización de mujeres campesinas, fundada en 1985, que lucha por la reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres campesinas, Lencas y Garífunas. CODIMCA computa la existencia de 414 Organizaciones de Base Comunitaria, con una membrecía de 6,210 asociadas, todas pertenecientes e identificadas con el género femenino, de las cuales el 20% son jóvenes.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS HONDUREÑOS (ANACH)
Es el único Sindicato Agrario del país, fundado en 1962, y trabaja para la implementación de la Ley de Reforma Agraria. La ANACH cuenta con bases activas en 16 de los 18 departamentos del país, con un total de 738 estructuras de base las cuales incluyen: 106 grupos campesinos, 606 empresas campesinas y 26 cooperativas de primer grado. La ANACH ha sido parte fundamental para organizar todas las cooperativas del país, aunando esfuerzos en pro de evitar la confrontación y pacificar el campo, generando oportunidades de trabajo con el surgimiento de las cooperativas de base y regionales, empresas asociativas campesinas, cajas rurales y diversas estructuras de organización social. La organización ha impulsado el rescate y la construcción de la identidad campesina como estrategia para la dignificación del campo, apuntando a reducir el desplazamiento interno y la migración a través de la creación y fortalecimiento del orgullo del ser campesina y campesino.
PLAN INTERNATIONAL
Plan International es una organización no gubernamental cuyo propósito es el de trabajar por un mundo justo que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Funciona desde 1937, actualmente tiene representación en 72 países del mundo contribuyendo a mejorar la vida de 82 millones de niñas y niños.
A nivel de país, Plan International Honduras funciona desde 1977, actualmente cuenta con una oficina central ubicada en Tegucigalpa, 6 Unidades de Programas (Choluteca, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán y Santa Bárbara). Estas oficinas implementan diversos programas y proyectos con una cobertura de aproximadamente 549 comunidades en Honduras.
Es una organización líder en el movimiento mundial por los derechos de las niñas, con una gran ambición: “Juntos, tomamos acciones para que 100 millones de niñas aprendan, lideren, decidan y prosperen”, es por ello que como oficina de País debemos asegurar que estamos generando cambios internos en busca de nuestra contribución a esta ambición.
ANTECEDENTES
Honduras alberga una población total de 9,701,532 habitantes, con un 55.4% residiendo en zonas urbanas y el 44.6% en áreas rurales. En el año 2023, un preocupante 73% de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, una cifra que se agrava aún más en las zonas rurales, donde este índice alcanza un 76% y el 66% vive en condiciones de pobreza extrema. En estas regiones, las condiciones de vulnerabilidad económica y de acceso a servicios ha sido especialmente predominante en poblaciones que históricamente han sufrido de condiciones de mayor exclusión y desigualdad; incluyendo a las mujeres y las comunidades indígenas, quienes frecuentemente encuentran mayores barreras de tipo social, económico, cultural o político para acceder a mejores oportunidades.
Durante décadas, la pobreza en las zonas rurales ha estado estrechamente vinculada a la inestabilidad y fragilidad de las actividades productivas en el sector agrícola, desde la siembra hasta la comercialización. A pesar de la disponibilidad de tierras cultivables y otros recursos naturales, estos han estado mayormente concentrados en manos de unos pocos, dejando fuera a una gran parte de la población campesina que no puede acceder a los recursos necesarios para producir y generar ingresos suficientes. Además, los efectos del cambio climático, especialmente en áreas como el Corredor Seco del suroeste de Honduras, una región afectada por variaciones climáticas marcadas, especialmente sequías extremas, provocan regularmente pérdidas de cultivos y, en consecuencia, niveles más altos de pobreza en la región.
En términos generales, la población campesina a menudo carece de orientación y conocimientos suficientes sobre estrategias de producción, así como de programas institucionales de fomento productivo. Como resultado, ha habido una transición hacia modelos de producción más orientados al mercado, los cuales favorecen el uso de productos químicos y priorizan la comercialización en detrimento de la producción para el autoconsumo. Esta evolución ha llevado a la pérdida de prácticas agrícolas tradicionales, lo que implica un menoscabo en los conocimientos y técnicas que anteriormente estaban más alineados con la sostenibilidad ambiental y la salud de los consumidores.
Dentro del sector campesino también persisten arraigadas condiciones de desigualdad y exclusión. En las comunidades del área rural y/o con presencia de grupos indígenas, incluidos los departamentos de Lempira, Intibucá y Santa Bárbara, donde existe una marcada presencia del pueblo Lenca, el acceso a los recursos y medios de producción (tierras, recursos técnicos, financiamiento y herramientas productivas), ha estado fuertemente regulado por patrones culturales y patriarcales, situación que ha colocado a las mujeres en condiciones de desigualdad frente a sus pares masculinos ante la toma de decisiones económicas que afectan sus vidas y las de sus familias. En estas comunidades, el rol de la mujer ha estado tradicionalmente marginado a las labores domésticas y del cuidado, actividades de gran esfuerzo y desgaste, pero sin remuneración, por lo que ven restringidas sus posibilidades de alcanzar independencia económica y de romper el ciclo de pobreza, a la vez que les vuelve propensas a estar atadas a situaciones de dependencia y hasta situaciones de violencia.
A lo anterior se suman otros desafíos para las mujeres en sus comunidades, incluida la alta carga reproductiva a edades tempranas (un 28,3% de las adolescentes de 15 a 19 años en áreas rurales ya son madres o están embarazadas), y la sobrecarga de trabajo en tareas domésticas, lo que obstaculiza su participación plena en la vida comunitaria, organizativa y en el fortalecimiento de sus roles de liderazgo. Esta falta de representación en el espacio público conduce a su vez a que en los municipios y gobiernos locales exista carencia de políticas públicas y programas integrales para abordar las necesidades de las mujeres de manera holística.
Frente a esta realidad, en los municipios surgen iniciativas de base organizativa destinadas a abordar las necesidades y garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres y grupos indígenas. A pesar de sus esfuerzos, estas agrupaciones se enfrentan a diversos desafíos que restringen la amplitud de sus acciones y su capacidad de influencia ante los responsables de la toma de decisiones. Entre los obstáculos identificados, se encuentran aquellos vinculados al entorno en el que operan, como la carencia de redes que les posibiliten coordinar esfuerzos en un contexto más amplio, así como la dificultad para acceder a financiamiento que garantice la sostenibilidad de sus iniciativas. Además, se destacan factores internos dentro de estas organizaciones que son igualmente relevantes, entre ellos la imperante necesidad de fortalecer sus habilidades en gobernanza y gestión de proyectos. En este contexto, resulta fundamental reconocer el papel activo de estas organizaciones como agentes de cambio en sus comunidades, subrayando la importancia de potenciar sus capacidades para lograr con éxito sus objetivos.
Ante este contexto, el Consejo para el Desarrollo Integral de las Mujeres Campesinas (CODIMCA), la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), Plan International Honduras y Plan International Alemania, con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), implementarán el Proyecto Milpa: Empoderamiento económico y mejora de medios de vida de mujeres jóvenes, campesinas e indígenas en Honduras, en el periodo 15 de noviembre de 2024 y 14 de febrero de 2028, que tiene como finalidad mejorar los medios de vida y empoderamiento económico de 1,775 mujeres jóvenes y adultas en comunidades campesinas e indígenas de 19 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá y Santa Bárbara y como objetivo de proyecto que esas 1,775 mujeres jóvenes y adultas en comunidades campesinas e indígenas de Lempira, Intibucá y Santa Bárbara lideren iniciativas económicas sostenibles que promueven la adopción de prácticas agroecológicas respetuosas con el medio ambiente y que promuevan la soberanía alimentaria de sus comunidades, impactando de forma indirecta en 9,342 personas de las comunidades, integradas por las familias de las mujeres directamente beneficiarias mediante las distintas metodologías; y población en general de los municipios que se beneficiarán de la habilitación de los mercados, campañas de comunicación, espacios de comercialización y medidas de promoción de soberanía alimentaria en general.
En este marco el proyecto, para la consecución de los objetivos, requiere la contratación de un/a Abogado/a especialista en temas agrarios que brinde representación y asesoría legal para el proyecto Milpa: Empoderamiento económico y mejora de medios de vida de mujeres jóvenes, campesinas e indígenas en Honduras, dirija y realice las actividades legales previstas con las organizaciones de base, cajas rurales, empresas asociativas campesinas y otros grupos participantes.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Diseño de estrategia legal de asesoría, acompañamiento y representación en el marco del proyecto.
Elaboración de mapeo de organizaciones y grupos de base participantes del proyecto, así como de las necesidades de fortalecimiento, asistencia jurídica, y definición de plan de trabajo, de acuerdo a los hallazgos.
Desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades de representantes de organizaciones de base, cajas rurales, empresas asociativas campesinas, sobre aspectos de gobernanza, aspectos legales de constitución y legalización, y otros vinculados.
Acompañamiento en la gestión de casos identificados y que requieren del concurso de un profesional del derecho.
Acompañamiento a cajas rurales, grupos de base y otras estructuras comunitarias en procesos de legalización.
Gestión de casos administrativos relacionados a los procesos de reforma agraria impulsados por el proyecto y las socias.
Acompañamiento y representación legal de casos ante las instancias judiciales correspondientes.
Fortalecer las capacidades, en materia jurídica, del personal técnico de proyecto para el acompañamiento y seguimiento a las organizaciones participantes del proyecto.
Diseño de instrumentos de seguimiento a casos, socialización con el personal y sistematización de la información para la elaboración de informes de avances del área.
Establecer relaciones de colaboración, alianzas y trabajo coordinado con operadores de justicia, autoridades locales, organizaciones de sociedad civil y organizaciones de base para la consecución de objetivos del proyecto.
Generar informes de avances con datos desagregados, información estadística cuantitativa y cualitativa que refleje los avances en materia de asistencia y acompañamiento jurídico a los grupos participantes.
Mantener informado sobre la implementación y los avances del proyecto y demás asuntos de su competencia a la Coordinación General de Proyecto y otras unidades que lo requieran.
Coordinar la ejecución de las acciones establecidas en la planificación del proyecto, con cada uno de los aliados estratégicos, la interrelación de los mismos y la participación de las socias en el ámbito interinstitucional del proyecto.
Implementar los lineamientos que brinde la Coordinación General de Proyecto al personal técnico sobre el análisis de datos requeridos del proyecto y otra información relevante para la toma de decisiones y comunicación.
Documentar y diseminar las buenas prácticas del proyecto y los socios del proyecto para promover del acceso a la justicia.
Coordinar con la Coordinación General de Proyecto las medidas de seguridad que deben ser implementadas para disminuir los riesgos en la implementación del proyecto.
Construir y dar seguimiento de forma participativa al análisis de riesgo en la implementación del mismo.
Aplicar toda la normativa institucional para asegurar la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y participantes, así como reportar cualquier inquietud sobre violencia, acoso, explotación, abuso o maltrato infantil o cualquier violación de derechos.
Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de Protección a la Niñez en los procesos comunitarios y departamentales, así como la política para prevenir el acoso, la explotación y el abuso.
Promover y practicar activamente la igualdad de género y la inclusión en todos los ámbitos de su quehacer institucional y operacional para que la niñez, adolescencia y juventud y participantes, pero especialmente las niñas, las jóvenes y mujeres, desarrollen su pleno potencial.
Además, como parte del proceso de las actividades diarias, el/la profesional deberá incorporar los siguientes enfoques:
Derechos Humanos: la perspectiva de los derechos humanos ubica como eje central a la persona. Se debe incluir la promoción y la protección de derechos humanos en situaciones de emergencia, fomentando la capacidad del Estado a diferentes niveles en tales esfuerzos.
Protección de población en condición de vulnerabilidad: promueve que mujeres y hombres viviendo en condiciones de vulnerabilidad tengan las mismas posibilidades u oportunidades en la vida, de acceder a recursos y bienes y a la capacidad de controlarlos, así como la protección debida del Estado en sus diferentes niveles, en todo momento, incluyendo períodos de emergencia. Es necesario potenciar la capacidad de los grupos que tienen un acceso limitado a los recursos y viven en condiciones de vulnerabilidad.
Igualdad de género: promueve que mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades y oportunidades en la vida, de acceder a recursos y bienes y a la capacidad de controlarlos. Es necesario potenciar la capacidad de los grupos que tienen un acceso limitado a los recursos o bien, crear esa capacidad.
Interculturalidad e intergeneracional: desde la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal de reconocimiento y valoración. Compone y articula los conceptos de justicia y generación, estableciendo relaciones de igualdad entre las diferentes generaciones (niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores).
Inclusión y no discriminación: incluye integrar en los procesos a las personas con diferentes niveles de discapacidad mediante un modelo de atención basado en la persona con un enfoque de derechos orientado a potenciar habilidades y capacidades individuales, familiares y comunitarios de quienes conviven con la condición de discapacidad. Adicionalmente, se promueve la no discriminación de las personas por sus condiciones sociales, creencias religiosas, orientación sexual, origen étnico, afinidad política u otras.
Participación y pertenencia territorial: articula la participación ciudadana y o comunitaria, como uno de los elementos constitutivos de la vida democrática, supone la activa inclusión a las diversas expresiones sociales, culturales y políticas en la vida y espacios públicos.
Resiliencia: se debe incluir el análisis, diferentes mecanismos de apoyo para promover la capacidad de resistencia, adaptación y recuperación de las personas, comunidades y sociedad en general ante los efectos de una crisis o evento adverso.
PERFIL REQUERIDO PARA EL PUESTO
Licenciatura en derecho, deseable especialización o experiencia en temas agrarios; se valora experiencia de trabajo previo con población meta y vinculación con las organizaciones socias.
Experiencia mínima de (3) años en temas relacionados a atención de población meta de la acción.
Conocimiento básico-intermedio de manejo de equipos informáticos.
Manejo óptimo de programas de Microsoft Office (completo).
Sensibilidad con la problemática del sector agraria
Conocimiento de la legislación nacional e internacional que protege los derechos del sector campesino, de las mujeres y de los pueblos indígenas.
Manejo del enfoque de género y derechos humanos
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de razonamiento lógico
Habilidades para la negociación
Capacidad verbal: debe coordinar y expresar con fluidez sus ideas
Formación basada en principios éticos, Lealtad
Responsabilidad, puntualidad, sinceridad, respeto
Honradez, respetabilidad, sensibilidad, honestidad, solidaridad, equidad, sociabilidad.
Ambiente físico y requerimientos:
El puesto está sujeto a actividades que conllevan estrés moderado a alto.
Ámbitos de trabajo: 80% de campo (trabajo de campo sujeto a condiciones climáticas de la zona de trabajo) 20% administrativo.
LUGAR DE TRABAJO
El/La profesional ejecutará las funciones anteriormente detalladas en la ciudad de Tegucigalpa, y en los 3 departamentos acompañados por el proyecto, Intibucá, Lempira y Santa Bárbara. Para el desplazamiento a las áreas de intervención del proyecto, la acción proporcionará los gastos de movilización necesarios.
POSTULACIÓN
Las personas interesadas deberán enviar su hoja de vida detallada (sin documentos adjuntos), adjuntando una carta de motivación en la cual explique las razones por las que aplica a la posición y su aspiración salarial. Las postulaciones se recibirán hasta el 08 de junio 2025 a las 12 de la medianoche al correo electrónico: [email protected] Las postulaciones recibidas después de la fecha y hora no serán consideradas para evaluación.
La postulación deberá redactarse con el siguiente asunto: Postulación a Abogado-a en temas agrarios de Proyecto Milpa - ANACH.