Términos de Referencia para Consultoría: 

Elaboración de estudio sobre necesidad de reformas al Código Penal, Código Procesal 

Penal y otras leyes de Honduras en materia de delitos de corrupción y formulación de un anteproyecto de reformas legales 

Organización contratante: Asociación de Jueces por la Democracia (AJD). 

Síntesis de la consultoría: elaborar un estudio integral que analice la necesidad de reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y otras leyes vinculadas a delitos de corrupción en Honduras, incorporando estándares constitucionales, convencionales y de derechos humanos, incluyendo el impacto en sectores sociales vulnerables y la incidencia de una posible Comisión Internacional Contra la Corrupción; y formular un anteproyecto de reformas legales coherente con dicho estudio. 

Plazo: 90 días naturales a partir de la fecha de firma del contrato. 

Perfil del contratante: 

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), es una organización profesional conformada por jueces, juezas y magistrados(as) comprometidos(as) con la defensa de la independencia judicial, la lucha contra la impunidad, contra la corrupción. la promoción de los DDHH y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Desarrolla sus actividades junto a la sociedad civil y las asociaciones judiciales nacionales y de la región centroamericana, comprometidas con la democratización de la justicia. 

Orgánicamente, la AJD nació el 12 de agosto de 2006 en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, bajo la premisa de conformar un espacio organizativo y de cohesión político-jurídico de los jueces y juezas que comparten como principios la tutela de los derechos fundamentales desde la función jurisdiccional, la separación efectiva de los poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial, como presupuestos para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. 

1. Antecedentes 

El problema de la corrupción en Honduras es una de las principales causas de subdesarrollo y violación de los derechos humanos.   La corrupción afecta gravemente las posibilidades de un buen gobierno y el desarrollo económico del país, impactando sobre todo en los grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, personas con discapacidad, de la diversidad sexual y adultas mayores. 

Se trata de un fenómeno complejo y multifacético que afecta a diversas áreas de la sociedad y tiene repercusiones significativas en el desarrollo político, económico y social de los países. Se manifiesta de diferentes formas, desde el soborno y el nepotismo hasta la malversación de fondos y la evasión fiscal. (Rodríguez Barillas, A./AJD. Módulo Instruccional Técnico Jurídico para la Investigación, Persecución y Sanción de Casos de Corrupción en Honduras, 2024, p.7) 

El Relator Especial de Independencia de los Magistrados y Abogados ha destacado “que la corrupción daña el Estado de Derecho y la capacidad de los Estados para promover sistemas de gobierno que respeten los estándares de derechos humanos y sean compatibles con ellos”[1].  Además, la corrupción tiene devastadoras consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos como consecuencia de situaciones como la concentración de poder y la falta de transparencia de la administración pública[2]. La corrupción, además, impacta directamente en la obligación de los Estados de proveer el máximo de recursos disponibles para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. (Rodríguez Barillas/AJD, p.12) 

En el caso de Honduras, diversos informes de organizaciones internacionales han llegado a la conclusión que la corrupción es un problema de carácter estructural, que vulnera derechos humanos.  Lo anterior tiene implicaciones muy negativas para el desarrollo de la democracia y los derechos humanos en este país. Las más altas autoridades del Estado se han beneficiado de la corrupción estatal por cientos de millones de lempiras. Además, utilizan los recursos del Estado para intimidar o anular las instituciones de control y de justicia que pueden prevenir, investigar o sancionar los actos de corrupción. En este contexto, los operadores de justicia hondureños independientes y honrados han encontrado un entorno adverso para enfrentar el fenómeno de la corrupción. (Rodríguez Barillas/ADJ, p.13) 

2.  Justificación 

Una eficaz persecución penal de la corrupción en Honduras necesita de reformas a la tipificación de los delitos de corrupción, las penas y otras disposiciones del Código Penal, Código Procesal Penal y leyes afines. La regulación de estos delitos presenta vacíos problemas de técnica legislativa y márgenes de discrecionalidad que dificultan dicha persecución. Diversos estudios y análisis institucionales han señalado que algunas figuras delictivas no reflejan adecuadamente las modalidades contemporáneas de corrupción, lo que genera dificultades probatorias y reduce la capacidad del Estado para sancionar conductas complejas como el enriquecimiento ilícito, la colusión, el tráfico de influencias o la corrupción en redes. Asimismo, las penas actualmente previstas no siempre guardan proporcionalidad con la gravedad del daño causado al interés público, lo que debilita el efecto 

disuasivo del sistema penal y limita la rendición de cuentas. En este contexto, una revisión integral de la tipificación y de las sanciones resulta indispensable para fortalecer la respuesta institucional frente a la corrupción. 

De igual manera, el Código Procesal Penal y otras leyes conexas requieren reformas orientadas a mejorar la eficacia investigativa y procesal en casos de corrupción, especialmente aquellos que involucran estructuras complejas, funcionarios de alto nivel o afectaciones sistemáticas a recursos públicos. La experiencia comparada muestra que la corrupción exige herramientas procesales especializadas, mecanismos de cooperación interinstitucional, reglas probatorias adecuadas y procedimientos que reduzcan la impunidad estructural. Además, la corrupción impacta de manera diferenciada a sectores sociales vulnerables, profundizando desigualdades y limitando el acceso a derechos, por lo que las reformas deben incorporar un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad. Actualizar el marco procesal y normativo permitirá al Estado hondureño contar con instrumentos más eficaces, coherentes y alineados con estándares internacionales para combatir la corrupción de manera integral. 

3. Objetivo General 

Elaborado un estudio sobre la necesidad de reformas a los delitos de corrupción, sus penas y otras disposiciones en el Código Penal, Código Procesal Penal y leyes conexas, incorporando estándares constitucionales, convencionales y de DDHH, incluyendo el impacto en sectores sociales vulnerables, la incidencia de una posible Comisión Internacional Contra la Corrupción; y formulado un anteproyecto de reformas legales coherente con dicho estudio. 

4. Objetivos Específicos 

4.1. Realizar un diagnóstico jurídico, doctrinario y jurisprudencial sobre la regulación actual de los delitos de corrupción en Honduras, con conclusiones y recomendaciones alineadas las del SIDH y del SUDH. 

4.2. Identificar vacíos, contradicciones, problemas de técnica legislativa y obstáculos para la persecución penal efectiva. 

4.3. Incorporar un análisis del impacto diferenciado de la corrupción en grupos en situación de vulnerabilidad, con enfoque interseccional, en particular en mujeres, niñez, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual. 

4.4. Revisar estándares del Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH), del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) aplicables y la incidencia de una posible Comisión Internacional contra la Corrupción. 

4.5. Formular un anteproyecto de reformas legales con estructura legislativa completa que incluya al menos: Resumen ejecutivo, Exposición de motivos, Título, Considerandos, Articulado, Disposiciones transitorias y derogatorias, y estilo de redacción legislativa hondureña. 

5. Alcance del Trabajo 

El estudio deberá incluir, como mínimo: 

5.1 Diagnóstico jurídico y contextual 

• Revisión del Código Penal, Código Procesal Penal y leyes conexas.
• Análisis de jurisprudencia penal y constitucional relevante.
• Haber consultado y citado al menos 25 fuentes bibliográficas, publicadas entre 2015 y 2026 

5.2 Análisis de impacto en sectores vulnerables 

• Identificación de cómo la corrupción afecta de manera diferenciada a mujeres, niñez, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad, entre otros.
• Incorporación del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH), Perspectiva de Género e interseccionalidad

5.3 Control de constitucionalidad y convencionalidad 

• Compatibilidad con la Constitución de la República.
• Compatibilidad con tratados internacionales ratificados por Honduras.
• Alineación con recomendaciones del SUDH y SIDH.
• Eventual incidencia ante la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción. 

5.4 Propuesta de reforma normativa 

• Anteproyecto de reformas legales con estructura legislativa completa.
• Concordancia entre exposición de motivos y articulado 

5.5 Presentaciones 

• Presentación en PowerPoint del estudio.
• Presentación en PowerPoint del anteproyecto de reformas. 

6. Productos, plazos y pagos 

Duración total de la consultoría: 90 días naturales a partir de la firma del contrato. 

7. Propiedad intelectual y confidencialidad 

Todos los productos serán propiedad de la AJD. La persona consultora deberá cumplir con la normativa nacional e internacional que regula la propiedad intelectual de las fuentes consultadas para esta consultoría y no podrá divulgar, publicar o utilizar los materiales sin autorización expresa. La persona consultora deberá guardar estricta confidencialidad sobre la información proporcionada por AJD y sobre los hallazgos del estudio hasta su publicación oficial. 

8. Calificaciones requeridas 

• Abogado/a, con título superior universitario en Derecho o Ciencias Jurídicas y preferiblemente con una maestría o doctorado en derecho penal, constitucional, derechos humanos o áreas afines.
• Experiencia mínima de 6 años en el ejercicio de su profesión.
• Experiencia mínima de 3 años en análisis legislativo, técnica legislativa o formulación de propuestas de reformas legales.
• Experiencia demostrable en la elaboración y difusión de investigaciones, estudios o análisis jurídicos en materia penal, constitucional, administrativa y/o derechos humanos.
• Con amplios conocimientos del marco constitucional y legal hondureño.
• Con conocimientos sobre el funcionamiento del sistema penal y judicial en Honduras, del Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
• Deseable experiencia en análisis de impacto en poblaciones vulnerables y enfoque interseccional.
• Alta capacidad y experiencia en la redacción de documento técnicos y jurídicos.
• Aptitud y actitud favorable a recibir observaciones o propuestas de mejora a su trabajo. 

9. Habilidades deseadas: 

• Capacidad de trabajar en equipos y bajo presión.
• Habilidad de síntesis para conservar la exactitud de la información a procesar.
• Experiencia en manejo y análisis de datos
• Absoluta confidencialidad durante y después de la consultoría.
• Excelentes relaciones interpersonales y capacidad para trabajar con diversos equipos
• Habilidad demostrada para trabajar en ambiente multidisciplinario
• Manejo de equipos tecnológicos (computadoras, data etc.)
• Manejo de paquetes OFFICE.
• Manejo de plataformas virtuales para reuniones y comunicaciones. 

10. Oferta y documentos a presentar 

Las personas que reúnan las calificaciones requeridas y habilidades deseadas deberán presentar: 

1. Una oferta técnica que describa en términos generales la metodología por desarrollar y la descripción de los recursos a utilizar (personal, equipo tecnológico, viajes, etc.)
2. Una oferta económica en lempiras a suma alzada, es decir, que cubra y desglose los costos por honorarios, viajes, materiales, equipo y cualquier otro costo.
3. Copias escaneadas de lo siguiente:
   • CV
   • DNI
   • RTN
   • Carnet de abogado
   • Títulos académicos de nivel superior
   • Al menos 3 estudios, investigaciones, análisis, diagnósticos, propuestas normativas, de reformas legales o políticas públicas, en los que haya participado como autor o coautor y/o documentos que comprueben este punto o vínculo electrónico para obtenerlos.
4. En el caso de que el ofertante sea un equipo de personas, deberá presentar por cada una los documentos antes detallados.
5. En el caso de que el ofertante sea una persona jurídica, además deberá presentar copias escaneadas de: i) escritura de constitución o contrato societario y documento que acredite a la persona que ejerce la representación legal, en su caso, inscritos en el Registro Mercantil; ii) Acta de designación de las personas que serán responsables de la consultoría.
6. La AJD, deberá retener las tasas e impuestos de ley equivalentes al 12.5% del valor de la consultoría (oferentes nacionales) y el 25% en caso de oferentes internacionales. Si tiene pago a cuenta presentar la constancia vigente. 

11. Plazo y medios para el envío de ofertas 

• La recepción de las ofertas finalizará el viernes 15 de mayo de 2026, a las 12.00 de la noche.
• La valoración de las ofertas y el plazo para selección de la misma será, a más tardar, de 10 días hábiles después de cerrado el plazo de recepción de ofertas.
• Las ofertas con la documentación completa y las consultas serán recibidas en la dirección de los correos electrónicos: [email protected] y [email protected],  hasta el 15 de mayo de 2026, a las 12.00 de la noche. 

[1] Relator Especial Independencia de los magistrados y abogados La problemática del crimen organizado y su impacto en el sistema judicial. A/72/140, 25 de julio de 2017 párr. 21. 

[2] CIDH. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de diciembre de 2019.